Buenos Aires, 3 de Julio de 2015.
El sindicato de empleados de Aduana decidió la particular medida de fuerza porque el ministro no convalidó un aumento salarial de 27,8% en línea con el tope salarial. En riesgo estará también el turismo por el ingreso de turistas.
La interna entre el ministro de Economía y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, le puede costar al país miles de millones de dólares.
El Sindicato Unico del Personal Aduanero de la Argentina (SUPARA) dispuso un plan de lucha entre el 10 y el 12, y del 16 al 19 de julio, en reclamo de que se extienda al gremio el aumento del 27,8% que el gobierno pactó con la Unión Personal Civil de la Nación.
El sindicato, tras meses de negociaciones, tenía todo listo para firmar la paritaria, con el aval de Echegaray, pero repentinamente, Kicillof bajó el pulgar sin dar explicaciones a pesar de que el porcentaje de incremento está en línea con el tope salarial que busca imponer el gobierno.
La situación es similar a la vivida durante las negociaciones paritarias del año anterior, cuando el gremio recurrió a las medidas de fuerza en apoyo del mismo reclamo.
En un comunicado, el gremio informó que había arribado a un acuerdo con la AFIP “para aplicar la misma pauta salarial que se implementó a todo el Estado Nacional, se nos informó que el Ministerio de Economía no autorizaba el incremento”.
La protesta incluye la no prestación de servicios extraordinarios, viáticos horarios, horas puente y cualquier otra modalidad operativa, lo que en la práctica significa la virtual paralización de todos los puestos aduaneros del país.
En concreto, el comercio exterior y el ingreso de turistas no funcionará en esos días, según lo anunciado por el gremio.
El gremio calificó de “irresponsable” la posición asumida por Economía al sostener que “niegan nuestro derecho a la negociación colectiva, en un claro desconocimiento de lo ya acordado”.
Sostuvo, además, que la actitud tomada por Economía “contradice la política salarial implementada por el Gobierno Nacional y permanentemente reconocida y reivindicada por las organizaciones sindicales”.
El gremio, que lidera Carlos Sueiro, señaló que los casi 5.300 trabajadores del SUPARA son “los únicos a quienes en forma abrupta, inexplicable y discriminatoria se excluye de la recomposición salarial prometida y otorgada al resto de los empleados públicos”.
